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Fraude del CEO: el engaño se mide por el estafador, no por la víctima

La Sala Civil del Tribunal Supremo duda de que la orden de transferencia con la firma falsificada estuviera «autorizada», y la Sala Penal no exige a la víctima desconfiar de todo. Qué vía protege mejor a la empresa estafada.

La información de las entradas de blog es meramente divulgativa, y en ningún caso sustituye al asesoramiento y valoración profesional de las cuestiones que tratan.

El fraude del CEO sigue un guion conocido. Alguien suplanta al consejero delegado o a su abogado y escribe a un empleado del departamento financiero: hay una operación urgente y confidencial, y nadie más debe saberlo. El empleado envía al banco unas órdenes de transferencia con la firma del CEO, y el dinero sale hacia cuentas en el extranjero.

El ATS 10131/2026 (Sala Civil), de 29 de octubre de 2026, núm. rec. 6067/2023, ha llevado un caso así ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre el 22 de enero y el 1 de febrero de 2018 se transfirieron 1.658.747,26 euros a cuentas en bancos chinos. Las órdenes llevaban la firma de la CEO, escaneada y «pegada» por el estafador. La empresa reclamó a su banco. El Juzgado y la Audiencia culparon a la empleada y desestimaron la demanda.

El caso muestra una tensión decisiva: la jurisdicción civil y la penal valoran el error de la víctima con criterios muy distintos.

El fraude del CEO ante el Código Penal: ¿estafa común o estafa informática?

Desde la reforma de la LO 14/2022, la estafa informática está regulada en el art. 249.1.a) CP: obtener, mediante manipulación informática o artificio semejante, «una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial». La Sala Penal del Tribunal Supremo marca su frontera con claridad. La STS 51/2026, de 28 de enero de 2026, núm. rec. 3688/2023, recuerda que en esta modalidad no se precisa engaño alguno, porque la acción:

«no se dirige contra un sujeto que pueda ser inducido a error o engañado, sino que se ejerce directamente al sistema informático».

En el fraude del CEO típico sí hay alguien engañado: el empleado, que ordena él mismo la transferencia. El correo falso o el dominio casi idéntico son el ardid; el desplazamiento lo decide una persona en error. Esto apunta a la estafa común del art. 248.1 CP. La estafa informática entra en juego cuando el autor ejecuta directamente la transferencia, por ejemplo con las claves de la banca electrónica de la empresa, como en la STS 51/2026 o en el fenómeno que analizamos en «La adaptación de los amigos de lo ajeno: las estafas informáticas y el SIM swapping».

La pena básica es la misma, pero el hecho que debe probarse es distinto. Y estas cifras rebasan con facilidad los 50.000 euros de la agravación del art. 250.1.5.º CP.

La firma escaneada: ¿falsedad y abuso de firma de otro?

La firma auténtica copiada en una orden que su titular nunca suscribió abre un segundo frente. La STS 1126/2011, de 2 de noviembre de 2011, núm. rec. 108/2011, enjuició a una empleada que había confeccionado órdenes de transferencia escaneando la firma del administrador. La Sala consideró que la técnica empleada, sea imprenta, escaneado o digitalización, es indiferente si el resultado induce a error sobre la autenticidad. Calificó los hechos como simulación de un documento mercantil, castigada para el particular en el art. 392.1 CP en relación con el art. 390.1.2.º. Además, apreció la agravación de estafa por abuso de firma de otro (hoy, art. 250.1.2.º CP): se trataba de una

«creación ex novo que integraría el delito de falsedad, pero como el engaño se obtuvo con abuso de aquella firma auténtica puede ser valorado para integrar el subtipo agravado».

La STS 192/2019, de 9 de abril de 2019, núm. rec. 10632/2018, con cita de la STS 860/2008, describe la agravante como el «abuso o mal uso de la firma que se estampa conscientemente en un documento y que se utiliza para un fin distinto para el que se estampó». Y subraya la confianza de la que se abusa.

Ahí está la duda. La empleada de 2011 tenía acceso legítimo a la firma de su jefe. El estafador del fraude del CEO es un extraño que obtiene la firma de cualquier documento circulante. ¿Basta eso para el «abuso», o la agravante exige una relación de confianza quebrantada? Conviene plantearlo desde la querella. La falsedad documental, en cambio, parece difícil de discutir.

La empresa víctima no tiene que desconfiar de todo

Es aquí donde la vía penal muestra su perfil más protector. El ATS 10466/2025 (Sala Penal), de 16 de octubre de 2025, núm. rec. 2315/2025, refrendó que una empresa engañada con correos de un falso proveedor no había incumplido sus deberes de autoprotección. Con cita de la STS 228/2014, recordó que:

«el engaño se mide en función de la actividad engañosa activada por el sujeto activo, no por la perspicacia de la víctima».

Solo el engaño burdo excluye la estafa, y el tráfico mercantil se rige por la buena fe y la confianza. Compárese con el caso del ATS 10131/2026, donde en la instancia civil la falta de diligencia de la empleada bastó para que el banco no respondiera.

Las cuentas mula tampoco salen gratis. Según la STS 51/2026, su titular de la cuenta de destino es cooperador necesario si actúa con dolo, porque aporta la cuenta sin la cual el plan no se consuma. Identificarlas y bloquearlas es tarea de la instrucción penal, y a menudo la única vía real de recuperar parte del dinero.

¿Responde el banco? Lo que la Sala Civil del Tribunal Supremo ha preguntado al TJUE

En nuestra entrada «Phishing en la cuenta de la empresa: el banco devuelve primero y discute después» advertíamos que la devolución inmediata de la normativa de servicios de pago no alcanza, en principio, a la transferencia que ordena la propia empresa engañada. Es una operación «autorizada» en el sentido del art. 36.1 del RDL 19/2018. El ATS 10131/2026 matiza esa conclusión cuando la firma de quien tiene poder para ordenar el pago es falsa.

La Sala Civil aplica la Ley 16/2009, vigente en la fecha de los hechos, interpretada a la luz de la Directiva 2015/2366. Sienta una premisa: no puede afirmarse

«(...) que constituya un hecho probado que las operaciones de pago fueron autorizadas y autenticadas y que la ordenante incurrió en negligencia grave».

Son valoraciones jurídicas. Por eso pregunta al TJUE:

  • si la orden enviada por el cauce habitual, pero con la firma escaneada, está autorizada;
  • si llamar a la empleada y comparar la firma a simple vista es autenticar;
  • si el banco debe devolver primero y discutir después la negligencia grave;
  • y si cabe una concurrencia de culpas que reduzca lo que debe restituir.

Nada está decidido aún, pero la carga de probar la autenticación y la negligencia grave del cliente pesa sobre el banco (art. 44 del RDL 19/2018).

La responsabilidad civil en el proceso penal: qué se reclama y dónde

La querella arrastra la acción civil derivada del delito (arts. 100 y 112 LECrim), y el Fiscal también la ejercita (art. 108 LECrim). En el mismo procedimiento se reclama a los autores y a las cuentas mula. También a los terceros que respondan subsidiariamente, como ya expusimos en «La responsabilidad civil y las costas en el procedimiento penal».

La STS 136/2025, de 19 de febrero de 2025, núm. rec. 6434/2022, enjuició un correo suplantado que desvió un pago a una cuenta mula. Condenó como responsable civil subsidiaria, por el art. 120.3 CP, a la empresa que sufrió la brecha en su sistema y no avisó a las empresas con pagos pendientes. Para la Sala, el sistema informático forma parte del «establecimiento», y las acciones civiles «no pierden su naturaleza propia por el hecho de ejercitarse ante la jurisdicción penal». Por esa misma vía puede plantearse la responsabilidad de una entidad bancaria, si concurren sus requisitos.

La reclamación contractual contra el propio banco, la del ATS 10131/2026, es otra cosa. Nace del contrato de servicios de pago, no del delito, y se decide en la jurisdicción civil. Aquí aparece el art. 114 LECrim: promovido el juicio criminal, «no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho». El art. 40 LEC lo matiza:

  • el proceso civil solo se suspende, y cuando ya está pendiente de sentencia, si la decisión penal puede influir decisivamente;
  • si se discute la falsedad de un documento decisivo, como la orden de transferencia, la suspensión puede acordarse antes.

¿Querella primero, demanda primero o ambas a la vez? Es una decisión estratégica que depende de cada caso.

Si nunca se identifica a un responsable penal, la acción civil no se pierde. Salvo que una sentencia firme declare que el hecho no existió, puede ejercitarse en la vía civil (art. 116 LECrim). Sobre dónde denunciar, véase «Juzgado competente para investigar estafas por internet».

Conclusión

El fraude del CEO enfrenta a la empresa víctima con dos lógicas. La jurisdicción civil examina si su empleado debió sospechar. La penal pregunta, ante todo, qué hizo el estafador, e investiga quién recibió el dinero. Quedan abiertas cuestiones relevantes:

  • si la firma escaneada por un extraño constituye «abuso de firma de otro»;
  • qué responderá el TJUE sobre la autorización y la autenticación de la orden;
  • cómo coordinar la querella con la reclamación al banco sin que una paralice a la otra.

La lección práctica es que en este fraude las primeras horas cuentan: bloquear, preservar y querellarse. Actuar con rapidez es también una forma de eficacia.

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