Blanqueo de capitales y receptación: qué son, penas y responsabilidad de la empresa

El blanqueo de capitales y la receptación son delitos relacionados con bienes procedentes de actividades delictivas. Ambos pueden afectar a empresarios, administradores, empleados y sociedades que adquieren, reciben, utilizan, transmiten o incorporan al tráfico económico bienes de origen criminal.

Aunque presentan elementos comunes, no son el mismo delito:

• La receptación se centra en aprovecharse de los efectos de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, sin haber participado en el delito del que proceden.
• El blanqueo de capitales tiene un alcance más amplio y persigue las operaciones destinadas a ocultar o encubrir el origen delictivo de bienes o a ayudar a los responsables del delito previo a eludir sus consecuencias.

¿En qué consiste el delito de receptación?

Comete un delito de receptación quien, con ánimo de lucro y sabiendo que se ha cometido un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, ayuda a sus responsables a aprovecharse de los efectos del delito, o recibe, adquiere u oculta esos efectos.

La persona que realiza la receptación no puede haber intervenido como autora o cómplice en el delito previo. Si participó en la sustracción, estafa, apropiación indebida u otra infracción de la que proceden los bienes, responderá por ese delito y no por receptación.

Es necesario que exista conocimiento del origen delictivo de los bienes, aunque no se exige conocer con detalle quién cometió el delito, cuándo se produjo o cuál es su concreta calificación jurídica. Ese conocimiento puede desprenderse de circunstancias objetivas, como:

• un precio claramente inferior al de mercado;
• una operación clandestina;
• la ausencia de documentación;
• una procedencia que el comprador no puede justificar;
• las características anómalas de los bienes.

La receptación puede recaer sobre mercancías, vehículos, equipos, metales, productos, dinero u otros efectos procedentes de delitos patrimoniales o socioeconómicos. El ánimo de lucro comprende la obtención de cualquier ventaja o beneficio, incluido el aprovechamiento del propio bien.

¿Qué pena tiene el delito de receptación?

La modalidad básica se castiga con prisión de seis meses a dos años.

La pena es de prisión de uno a tres años cuando:

• los bienes tienen valor artístico, histórico, cultural o científico;

• se trata de bienes de primera necesidad, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o telecomunicaciones, productos agrarios o ganaderos, o instrumentos utilizados para obtenerlos;

• los hechos revisten especial gravedad por el valor de los efectos o por los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su sustracción.

También se agrava la responsabilidad cuando el autor recibe, adquiere u oculta los efectos con la finalidad de traficar con ellos. En este caso se aplica la pena en su mitad superior. No es necesario que se produzcan varias ventas: basta con que, desde el momento de la recepción o adquisición, exista el propósito de introducir los bienes en el tráfico económico mediante una venta, permuta u operación semejante.

Si el tráfico se realiza utilizando un establecimiento o local comercial o industrial, se añade una multa de doce a veinticuatro meses. Además, el órgano judicial puede acordar la clausura temporal o definitiva del establecimiento y la inhabilitación para ejercer la profesión o industria relacionada con los hechos.

La pena de prisión no puede superar la prevista para el delito del que proceden los efectos. Esta limitación debe tenerse en cuenta al concretar la condena.

No existe una modalidad imprudente de receptación. La conducta exige conocimiento del origen delictivo y ánimo de lucro.

¿En qué consiste el delito de blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales consiste en realizar determinadas operaciones sobre bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a los responsables del delito previo a eludir las consecuencias legales.

El delito puede consistir en:

• adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes de origen delictivo;

• ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o derechos sobre ellos;

• realizar cualquier otro acto dirigido a ocultar su procedencia o a facilitar la elusión de responsabilidades por quienes participaron en la actividad delictiva.

Los bienes pueden ser dinero, inmuebles, vehículos, participaciones sociales, activos financieros, mercancías, derechos o activos digitales. También puede existir blanqueo cuando el delito del que proceden se cometió total o parcialmente en otro país.

La mera posesión o utilización de dinero procedente de un delito no basta por sí sola para apreciar blanqueo. La operación debe ser idónea para ocultar o encubrir el origen delictivo o para introducir los bienes en el tráfico económico aparentando una procedencia legítima. Por ello, son especialmente relevantes:

• las sociedades instrumentales;
• las facturas ficticias;
• las transferencias entre cuentas sin justificación económica;
• el uso de testaferros;
• las compras a nombre de terceros;
• las inversiones que no se corresponden con la actividad real de la empresa.

No es imprescindible que exista una condena previa por el delito que generó los bienes. Sí debe acreditarse que los bienes proceden de una actividad delictiva suficientemente identificada y que existe conexión entre esa actividad y los bienes objeto de las operaciones.

¿Qué pena tiene el delito de blanqueo de capitales?

El blanqueo doloso se castiga con prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Además, el órgano judicial puede imponer la inhabilitación especial para ejercer una profesión o industria durante uno a tres años y acordar la clausura temporal o definitiva del establecimiento o local utilizado. La clausura temporal no puede superar cinco años.

La pena se impone en su mitad superior cuando los bienes proceden de delitos relacionados con el tráfico de drogas. También se aplica la mitad superior cuando proceden de determinados delitos especialmente graves, entre ellos delitos de trata, explotación sexual, corrupción en los negocios y delitos cometidos por funcionarios en determinadas condiciones.

Blanqueo de capitales por imprudencia grave

El blanqueo cometido por imprudencia grave se castiga con prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo. Esta modalidad no exige que la persona conozca efectivamente el origen delictivo, pero sí que, por las circunstancias de la operación, pudiera y debiera haberlo conocido observando las cautelas elementales exigibles.

La imprudencia grave puede plantearse, por ejemplo, cuando alguien acepta recibir dinero en su cuenta y reenviarlo a terceros a cambio de una comisión, sin comprobar su origen, pese a que la operación resulta claramente anómala, desproporcionada o carente de explicación comercial.

¿Responde penalmente la empresa por blanqueo de capitales o receptación?

Una persona jurídica puede responder penalmente por blanqueo de capitales cuando el delito se comete en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto por representantes legales, administradores o personas con facultades de organización y control.

La sociedad también puede responder cuando el delito lo comete un empleado o subordinado en el ejercicio de actividades sociales y la conducta fue posible por un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control.

Para la persona jurídica se prevé:

• una multa de dos a cinco años cuando el delito cometido por la persona física tenga prevista una pena de prisión superior a cinco años;
• una multa de seis meses a dos años en los demás casos.

También pueden imponerse medidas como la disolución, la suspensión de actividades, la clausura de locales, la prohibición de realizar determinadas actividades, la inhabilitación para contratar con el sector público o la intervención judicial, según las circunstancias del caso.

La existencia de un programa de prevención penal eficaz, implantado antes de los hechos, con controles adecuados, órgano de supervisión, canales de información, régimen disciplinario y revisiones periódicas, puede excluir o atenuar la responsabilidad de la persona jurídica cuando se cumplan las condiciones legales. En empresas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión pueden ser asumidas por el órgano de administración.

La receptación no figura entre los delitos que generan responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin perjuicio de ello, la sociedad puede tener que devolver bienes o cantidades recibidas y responder civilmente si se ha beneficiado de los efectos del delito.

Responsabilidad civil, restitución y decomiso

La condena por blanqueo o receptación puede llevar aparejada la obligación de reparar los daños y perjuicios causados. La responsabilidad civil puede comprender la restitución de los bienes, la devolución de cantidades y la indemnización de los daños acreditados.

La responsabilidad penal de la persona jurídica lleva consigo su responsabilidad civil de forma solidaria con las personas físicas condenadas por los mismos hechos.

Además, quien haya obtenido gratuitamente bienes procedentes de un delito, aun sin haber participado en él y sin conocer su origen delictivo, puede quedar obligado a restituirlos o a resarcir el daño hasta el límite de lo recibido. Es la llamada responsabilidad civil del partícipe a título lucrativo.

También puede acordarse el decomiso de los bienes, efectos y ganancias relacionados con el blanqueo y, en determinados supuestos, con la receptación agravada. El decomiso puede alcanzar bienes adquiridos, transformados o utilizados para ocultar los beneficios del delito y, cuando concurran los presupuestos legales, otros bienes cuyo origen lícito no haya sido justificado.

Ejemplos prácticos

Una empresa compra vehículos a un precio muy inferior al de mercado, sin documentación fiable, con números de bastidor manipulados y con la intención de revenderlos. Si sus responsables conocen que proceden de delitos contra el patrimonio, la conducta puede constituir receptación agravada por tráfico.

También puede existir blanqueo si una sociedad recibe fondos procedentes de una estafa y los distribuye entre varias cuentas, emite facturas por servicios inexistentes, utiliza sociedades sin actividad real o adquiere inmuebles a nombre de terceros para ocultar su origen y apariencia de titularidad.

En cambio, una operación comercial legítima no se convierte automáticamente en delito porque, con posterioridad, se descubra que el dinero utilizado por un cliente tenía un origen delictivo. Será necesario analizar qué conocía la empresa, qué controles debía aplicar y si realizó actos dirigidos a ocultar o encubrir el origen de los fondos.

Cuando una operación resulta atípica, no existe una justificación económica razonable o se solicita utilizar cuentas, sociedades o facturas para canalizar dinero de terceros, la empresa debe extremar las comprobaciones y valorar la conveniencia de no ejecutar la operación hasta aclarar suficientemente el origen y la finalidad de los fondos.

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