En resumen
- Lo primero es saber qué se atribuye a la sociedad: responsabilidad penal como persona jurídica o responsabilidad civil subsidiaria por los daños causados por una persona física.
- La empresa solo responde penalmente por los delitos previstos para las personas jurídicas y si se acreditan los presupuestos del artículo 31 bis del Código Penal; no basta con el delito de su administrador o empleado.
- La empresa investigada designa abogado, procurador y un representante especial, y conserva el derecho a guardar silencio y a no confesarse culpable.
- Como responsable civil subsidiaria, la empresa no arriesga una pena, sino el pago de la indemnización si no lo hacen los responsables penales.
- Desde el primer día: identificar la posición procesal, preservar la documentación y canalizar las comunicaciones a través de la defensa.
Recibir una denuncia o una querella contra la empresa exige reaccionar con rapidez, pero no todas las empresas ocupan la misma posición en el procedimiento penal. La primera pregunta no es únicamente qué delito se denuncia, sino qué responsabilidad atribuye la acusación a la sociedad: responsabilidad penal como persona jurídica o responsabilidad civil subsidiaria por los daños causados por una persona física.
La diferencia afecta a la estrategia, a la prueba, a la representación procesal y a las consecuencias económicas. Por eso conviene revisar inmediatamente la resolución judicial, la denuncia o la querella y las actuaciones disponibles, sin limitarse al contenido de la notificación recibida.
¿Cuándo puede responder penalmente una empresa?
La empresa puede ser investigada penalmente cuando el delito pertenece a aquellos para los que la ley prevé responsabilidad de las personas jurídicas y se atribuye a un representante, administrador o persona con facultades de organización y control, o a un subordinado cuya actuación haya sido posible por un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control.
Además, el delito debe haberse cometido en nombre o por cuenta de la empresa y en su beneficio directo o indirecto. No basta, por tanto, con afirmar que un administrador o empleado cometió un delito dentro de la organización. La acusación tendrá que conectar los hechos con la entidad y con los presupuestos propios de su responsabilidad corporativa.
El artículo 31 bis del Código Penal contempla también la relevancia de los modelos de organización y gestión. Un programa de cumplimiento no sirve como documento decorativo: habrá que acreditar su existencia previa, su adecuación al riesgo concreto, su aplicación real, la autonomía de la supervisión y la reacción ante posibles incumplimientos. En empresas de pequeñas dimensiones, la ley permite que determinadas funciones de supervisión sean asumidas por el órgano de administración, pero ello no elimina la necesidad de controles eficaces (artículo 31 bis.3 del Código Penal).
La jurisprudencia reciente insiste en que la responsabilidad de la persona jurídica no puede convertirse en una responsabilidad automática por el hecho de su administrador. El Tribunal Supremo ha señalado que deben acreditarse los elementos propios de la responsabilidad de la entidad y que la condena no puede descansar únicamente en la conducta de la persona física (STS 768/2025, de 25 de septiembre).
¿Cómo se defiende una persona jurídica investigada?
La empresa investigada tiene derechos procesales propios. Debe designar abogado, procurador y una persona que la represente especialmente en la causa. Esa representación no debe confundirse necesariamente con la del administrador o directivo investigado por los mismos hechos.
La posible coincidencia de intereses debe analizarse desde el primer momento. Si la defensa de la sociedad exige atribuir el hecho a una actuación individual del administrador, o si la posición del administrador puede perjudicar a la empresa, compartir representación y dirección letrada puede generar un conflicto. En ese caso conviene valorar una defensa diferenciada y un representante especial que no esté personalmente acusado ni deba declarar como testigo.
La persona jurídica puede ser informada de los hechos, examinar las actuaciones en los términos procesales aplicables, intervenir en la investigación y ejercer su derecho de defensa. En su declaración, el representante especialmente designado está asistido de abogado y la empresa conserva el derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. La incomparecencia del representante no paraliza necesariamente el procedimiento: la diligencia puede celebrarse con la defensa letrada (artículos 119, 120 y 409 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
En el juicio oral, la persona designada puede ocupar el lugar reservado a los acusados, declarar en nombre de la sociedad y ejercer el derecho a la última palabra. No puede ser designada para esa función quien tenga que declarar como testigo. Si no comparece, el juicio puede continuar con la presencia del abogado y del procurador de la empresa (artículo 786 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
¿Qué significa ser responsable civil subsidiaria?
La empresa puede no estar acusada de ningún delito y, sin embargo, ser llamada al proceso como responsable civil subsidiaria. Esta posición suele plantearse cuando una persona física comete un delito en el marco de una relación de dependencia o en el desempeño de funciones vinculadas a la actividad empresarial. La pretensión no busca imponer una pena a la sociedad, sino que pague la indemnización si antes no lo hacen los responsables penales directos.
El tratamiento es distinto. La empresa no defiende su inocencia penal como acusada, sino que discute la existencia del delito a efectos civiles, la relación con el autor, el vínculo funcional y la cuantía de los daños. La responsabilidad civil subsidiaria puede ser compatible con la absolución penal de la persona jurídica, porque ambas instituciones tienen presupuestos diferentes. El Tribunal Supremo ha destacado que esta responsabilidad no exige necesariamente una relación laboral formal ni un beneficio directo para la empresa, pero sí una conexión suficiente entre la actividad delictiva y las funciones desarrolladas para el principal (STS 647/2021, de 19 de julio).
La empresa responsable civil subsidiaria también debe ser llamada al proceso y tener oportunidad real de defenderse. No debería darse por supuesto que su intervención queda cubierta porque su administrador haya comparecido como acusado. La sociedad puede tener intereses contrapuestos y necesita conocer la pretensión civil, proponer prueba y formular las alegaciones correspondientes.
Qué hacer al recibir la denuncia o querella
En primer lugar, hay que identificar la posición procesal exacta de la empresa. No es suficiente con saber que aparece mencionada en una denuncia. En segundo lugar, conviene preservar de inmediato contratos, correos, facturas, registros contables, protocolos internos, canales de denuncia y evidencias digitales relacionadas con los hechos. La destrucción, alteración o selección informal de documentos puede agravar el problema.
También debe evitarse contactar con denunciantes, testigos o empleados para intentar «aclarar» los hechos sin una estrategia previamente definida. Es preferible canalizar cualquier comunicación a través de la defensa y separar la investigación interna de la defensa penal, preservando la confidencialidad y documentando quién accede a la información.
Finalmente, la empresa debe valorar los riesgos penales, económicos, reputacionales y operativos. La persona jurídica puede enfrentarse a multas y, en ciertos delitos y circunstancias, a penas como la suspensión de actividades, la clausura de locales, la inhabilitación para contratar con el sector público o incluso la disolución. Una denuncia no equivale a una condena, pero sí exige ordenar la respuesta desde el primer día y distinguir con precisión si la empresa está siendo investigada penalmente o si únicamente se reclama frente a ella una responsabilidad civil subsidiaria.
Preguntas frecuentes
¿Puede condenarse a la empresa solo porque su administrador cometió un delito?
No. Deben acreditarse los elementos propios de la responsabilidad de la entidad; la condena no puede descansar únicamente en la conducta de la persona física (art. 31 bis CP; STS 768/2025, de 25 de septiembre).
¿Quién declara en nombre de la empresa investigada?
El representante especialmente designado por ella, asistido de abogado. La empresa conserva el derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable, y si el representante no comparece la diligencia se practica con el abogado (arts. 119, 120 y 409 bis LECrim).
¿Qué diferencia hay entre estar investigada y ser responsable civil subsidiaria?
La empresa investigada puede ser condenada a una pena. Como responsable civil subsidiaria no se le impone pena: se le reclama que pague la indemnización si no lo hacen los responsables penales directos.
¿Qué penas puede sufrir una empresa?
Multas y, en ciertos delitos y circunstancias, la suspensión de actividades, la clausura de locales, la inhabilitación para contratar con el sector público o incluso la disolución (art. 33.7 CP).
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