En resumen
- Una inspección no es un proceso penal, pero lo que se diga, se entregue o se consienta en ella puede llegar a la causa penal.
- La empresa debe aportar la documentación requerida. Eso no obliga a dar explicaciones improvisadas ni a que una persona física confiese hechos.
- Para entrar en un domicilio protegido, incluido el domicilio social, Hacienda necesita un consentimiento informado o una autorización judicial. La simple falta de oposición no equivale a consentir.
- El delito fiscal empieza en 120.000 euros por período impositivo. El delito contra la Seguridad Social, en 50.000 euros sumando cuatro años naturales.
- Una vez notificado el inicio de la inspección, ya no cabe la regularización que evita el delito. Sí cabe una rebaja de pena si se paga y se reconocen los hechos a tiempo.
Recibir una inspección de Hacienda o de la Seguridad Social no significa que la empresa esté siendo investigada penalmente. Muchas actuaciones terminan con un archivo, una liquidación, un acta de infracción o una sanción administrativa. Sin embargo, determinados hechos pueden superar ese ámbito y dar lugar a una denuncia o querella.
Por eso, el momento de la inspección es importante. Las explicaciones que se ofrecen, los documentos que se entregan y la forma en que se autoriza una entrada pueden influir en una actuación penal posterior.
Una inspección no es todavía un proceso penal
La Inspección de Hacienda puede examinar declaraciones, contabilidad, facturas, registros, archivos informáticos y cualquier otra información con trascendencia tributaria. La empresa tiene el deber de atender a los funcionarios y facilitar la documentación requerida (artículo 142 de la Ley General Tributaria).
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social también puede visitar centros de trabajo sin previo aviso, requerir la comparecencia del empresario o de sus representantes y examinar contratos, nóminas, registros horarios, documentos de cotización y archivos electrónicos. Puede, además, adoptar medidas cautelares para evitar la desaparición o alteración de pruebas (artículo 13 de la Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social).
Que exista obligación de colaborar no significa que el empresario deba improvisar declaraciones, reconocer hechos desfavorables o responder sin asesoramiento a preguntas que excedan de la documentación solicitada. La empresa debe colaborar de forma ordenada, pero conviene que la dirección jurídica controle desde el inicio el alcance de la actuación.
Entrada en el domicilio y acceso a dispositivos
Las reglas no son iguales para las dos inspecciones. Para entrar en locales de negocio, la Inspección de Hacienda necesita, salvo que la empresa consienta, un acuerdo de entrada de la autoridad administrativa competente (artículo 142.2 de la Ley General Tributaria). Si se trata del domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, que puede ser también el domicilio social o determinadas dependencias de la empresa, hace falta su consentimiento o una autorización judicial (artículo 113 de la Ley General Tributaria). La Inspección de Trabajo puede entrar libremente y sin previo aviso en los centros de trabajo. Solo necesita consentimiento expreso o autorización judicial cuando el centro coincide con el domicilio de una persona física (artículo 13.1 de la Ley 23/2015).
Antes de firmar un consentimiento hay que comprobar qué espacios abarca, qué documentos y dispositivos podrán examinarse y si existe autorización administrativa o judicial. El consentimiento eficaz exige información expresa y previa, y la mera falta de oposición no equivale a consentir. El Tribunal Constitucional anuló una entrada de la inspección tributaria en el domicilio social de una empresa porque no se informó a sus administradores de que podían oponerse ni de que los inspectores llevaban una autorización administrativa, que por sí sola no habilitaba la entrada. La prueba derivada de esa entrada quedó viciada (STC 54/2015, de 16 de marzo).
No debe confundirse la posibilidad de no consentir una entrada domiciliaria con un derecho general a impedir la inspección. Una negativa injustificada a aportar documentación o a permitir actuaciones legalmente ordenadas constituye una infracción por obstrucción (artículo 203 de la Ley General Tributaria y artículo 50 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). La respuesta correcta es dejar constancia de la oposición cuando proceda y solicitar asesoramiento inmediato, no enfrentarse a los funcionarios ni destruir, alterar u ocultar información.
Derecho a no autoincriminarse: alcance real
El derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable forma parte de las garantías del artículo 24.2 de la Constitución. Durante una inspección administrativa, sin embargo, no opera como un derecho general a guardar silencio frente a cualquier requerimiento documental.
En la práctica, la empresa normalmente debe entregar la contabilidad, los libros, las facturas, los registros laborales y los demás documentos con trascendencia tributaria o social solicitados conforme a la ley. Lo que debe evitarse son las explicaciones espontáneas, las valoraciones jurídicas improvisadas y las respuestas de una persona física que puedan convertirse en una confesión personal.
Hay que tener especial cuidado con las conformidades. Firmar un acta de conformidad tiene consecuencias. Pero el Tribunal Constitucional ha precisado que la conformidad prestada en un procedimiento para evitar el proceso penal no puede utilizarse como confesión en otro procedimiento distinto, en el que se manifestó disconformidad (STC 54/2015, de 16 de marzo).
La distinción entre la empresa y sus administradores es relevante. La documentación requerida a la sociedad puede utilizarse posteriormente en un procedimiento penal, aunque ello no significa automáticamente que el administrador haya confesado un delito. La empresa debe designar un interlocutor, solicitar que las actuaciones queden documentadas en diligencia y consultar con un abogado penalista cuando aparezcan expresiones como «indicios de delito», «dolo», «simulación», «facturas falsas», «trabajo oculto», «doble contabilidad» o «fraude».
Si Hacienda aprecia un posible delito fiscal
El delito contra la Hacienda Pública puede plantearse cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros, cantidad que se calcula por cada período impositivo o de declaración, sin perjuicio de otros requisitos y de los supuestos agravados (artículo 305 del Código Penal). La Administración puede remitir el expediente al Ministerio Fiscal o pasar el tanto de culpa al órgano judicial. También puede dictar una liquidación vinculada a delito, separando los elementos presuntamente delictivos de aquellos que no lo sean (artículo 305.5 del Código Penal y artículo 250 de la Ley General Tributaria).
La propuesta de liquidación vinculada a delito debe permitir un trámite de audiencia de 15 días naturales (artículo 253.1 de la Ley General Tributaria). La liquidación vinculada no se recurre como una liquidación tributaria ordinaria: la determinación definitiva de la cuota relacionada con el delito corresponde al juez penal (artículo 254.1 de la Ley General Tributaria). La existencia de una causa penal tampoco paraliza el cobro. La suspensión debe pedirse al juez y exige, como regla, prestar garantía. Solo excepcionalmente puede dispensarse, total o parcialmente, si la ejecución puede causar daños irreparables o de muy difícil reparación (artículo 305.5 del Código Penal).
Si el riesgo procede de la Seguridad Social
El delito contra la Seguridad Social puede aparecer cuando las cuotas defraudadas, las devoluciones indebidas o las deducciones indebidas superan los 50.000 euros. A diferencia del delito fiscal, esa cifra se calcula sumando lo defraudado durante cuatro años naturales (artículo 307.1 y 2 del Código Penal). La mera presentación de documentos de cotización no excluye por sí sola la defraudación si existen otros hechos que la acrediten.
La Inspección puede levantar actas de liquidación y de infracción, y la Administración puede continuar liquidando y cobrando la deuda aunque exista un procedimiento penal. El juez solo puede suspender el procedimiento administrativo previa prestación de garantía o, excepcionalmente, con dispensa total o parcial si la ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. La liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se decida en el proceso penal (artículo 307.4 del Código Penal).
¿Se puede todavía regularizar?
La regularización que impide la persecución penal exige reconocer y pagar la deuda completa antes de que se notifique el inicio de las actuaciones de comprobación o inspección (artículos 305.4 y 307.3 del Código Penal). Por tanto, una vez notificada la inspección, esa puerta está cerrada para las deudas que son objeto de ella.
Lo que sigue abierto es una rebaja importante de la pena. Los tribunales pueden imponer la pena inferior en uno o dos grados si, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como investigado, se paga la deuda y se reconocen judicialmente los hechos (artículos 305.6 y 307.5 del Código Penal). La decisión de pagar, reconocer o defenderse debe tomarse con la estrategia penal ya definida.
Primeras medidas recomendables
Ante una inspección con posible riesgo penal, la empresa debería centralizar la comunicación con los inspectores, conservar una copia de cada requerimiento y diligencia, asegurar la integridad de los archivos e impedir modificaciones retrospectivas de la contabilidad. También conviene elaborar una cronología de los hechos y separar la respuesta técnica tributaria o laboral de la estrategia penal.
La inspección puede ser el inicio de un problema penal. Abordarla desde el primer día con criterio penal permite proteger los derechos de la empresa y de sus administradores, evitar reconocimientos innecesarios y preparar la defensa con una estrategia coherente.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que dejar entrar a los inspectores?
En los centros de trabajo, la Inspección de Trabajo puede entrar sin previo aviso. Hacienda necesita, para los locales de negocio, un acuerdo de entrada salvo que la empresa consienta. Para un domicilio constitucionalmente protegido, incluido el domicilio social, Hacienda necesita consentimiento informado o autorización judicial (artículos 113 y 142.2 de la Ley General Tributaria). Oponerse a una entrada domiciliaria no es lo mismo que obstruir la inspección.
¿Puedo negarme a responder durante una inspección?
La empresa debe aportar la documentación que se le requiera conforme a la ley. Pero nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable (artículo 24.2 de la Constitución): conviene evitar explicaciones espontáneas y consultar antes de responder a preguntas que vayan más allá de la documentación.
¿Cuándo una inspección puede acabar en delito?
En lo fiscal, cuando la cuota defraudada supera 120.000 euros por período impositivo (artículo 305 del Código Penal). Ante la Seguridad Social, cuando lo defraudado supera 50.000 euros en cuatro años naturales (artículo 307 del Código Penal). Además de la cifra, es necesaria la defraudación: no basta con deber dinero.
¿Puedo regularizar si la inspección ya ha empezado?
No con efectos de excluir el delito: esa regularización debe hacerse antes de que se notifique el inicio de las actuaciones (artículos 305.4 y 307.3 del Código Penal). Sí cabe una rebaja de la pena en uno o dos grados si se paga y se reconocen los hechos en los dos meses siguientes a la citación judicial como investigado (artículos 305.6 y 307.5 del Código Penal).
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