En resumen
- Ser administrador de una SL o una SA no significa responder penalmente de todo lo que haga la empresa, pero tampoco es un cargo meramente formal.
- Responde también el administrador de hecho: quien manda realmente en la sociedad aunque no figure en el Registro Mercantil (artículo 31 del Código Penal).
- El administrador «de papel» que se presta conscientemente a encubrir al verdadero gestor puede responder como cooperador necesario.
- Los riesgos más frecuentes son el delito fiscal, el delito contra la Seguridad Social, la insolvencia punible, la administración desleal, la falsedad contable y los delitos contra la seguridad de los trabajadores.
- Que la sociedad también pueda ser acusada no protege al administrador. A la inversa, condenar al administrador no basta para condenar a la sociedad.
1. Administrador de derecho y administrador de hecho
El administrador de derecho es quien ha sido nombrado conforme a las normas societarias y figura en el cargo. El administrador de hecho es quien ejerce realmente la dirección de la sociedad, aunque no tenga nombramiento válido o no aparezca como administrador.
El Código Penal trata a los dos por igual. Quien actúa como administrador de hecho o de derecho responde personalmente aunque las condiciones que exige el delito, por ejemplo ser el obligado tributario, solo concurran en la sociedad (artículo 31 del Código Penal).
Para el Tribunal Supremo, el administrador de hecho es «la persona que, en realidad manda en la empresa, ejerciendo los actos de administración», aunque formalmente los realice otra persona que figura como administrador (STS 59/2007, de 26 de enero). En ese caso, el Tribunal absolvió a un socio que llevaba la contabilidad, preparaba las previsiones de cobros y pagos y depositaba las cuentas en el Registro, porque no se probó que tuviera poder real de decisión. Realizar tareas auxiliares, firmar documentos aislados o prestar apoyo contable no convierte a nadie en administrador de hecho.
2. El administrador «de papel» o testaferro
Muchos empresarios e inversores extranjeros aceptan figurar como administradores de una sociedad española que en realidad dirige otra persona. Es una posición de alto riesgo: ante una inspección o una querella, el primer investigado suele ser quien aparece en el Registro Mercantil.
Además, no haber gestionado la sociedad no siempre libra de responsabilidad. El Tribunal Supremo considera que los testaferros u «hombres de paja», es decir, quienes «se prestan conscientemente a aparecer en sociedades pantallas como meros elementos instrumentales para facilitar la actuación de los verdaderos actores», responden como cooperadores necesarios, a los que la ley considera también autores (STS 464/2025, de 22 de mayo, que recoge la STS 165/2013, de 26 de marzo; artículo 28 b del Código Penal). Y alegar que no se sabía nada no basta cuando el administrador se colocó deliberadamente en esa situación: quien no quiere saber lo que puede y debe saber asume las consecuencias de lo que hace (STS 296/2020, de 10 de junio).
La defensa, por tanto, no puede limitarse a decir que el administrador no gestionaba. Lo decisivo es si conocía y aceptaba los hechos, porque la cooperación necesaria exige saber que el verdadero autor va a cometer el delito y querer ayudarle (STS 464/2025). Hay que acreditarlo con contratos, correos, poderes, instrucciones, movimientos bancarios y declaraciones de quienes dirigían realmente la empresa. La firma de un documento es un indicio, no una condena: la acusación debe probar la participación, el conocimiento y la relación con el resultado.
3. La responsabilidad de la empresa no sustituye a la del administrador
La sociedad puede responder penalmente por los delitos cometidos en su nombre y en su beneficio por sus representantes o por quienes tienen facultades de decisión, y también por los de sus empleados cuando se han incumplido gravemente los deberes de supervisión (artículo 31 bis del Código Penal).
Son responsabilidades distintas. Que la empresa pueda ser acusada no excluye la del administrador. A la inversa, la condena del administrador no permite condenar automáticamente a la sociedad: la acusación debe probar también un defecto estructural en sus mecanismos de prevención, y ese defecto no se presume. Así lo ha recordado el Tribunal Supremo al absolver a una sociedad cuyo administrador sí fue condenado (STS 372/2025, de 11 de abril). Si es su caso, consulte la página Han denunciado o querellado a mi empresa y nuestra sección de compliance penal.
4. Los principales riesgos penales del administrador
| Delito | Artículo | Cuándo puede alcanzar al administrador |
|---|---|---|
| Delito fiscal | 305 CP | Defraudación de más de 120.000 € por impuesto y período |
| Delito contra la Seguridad Social | 307 CP | Defraudación de más de 50.000 € en cuatro años naturales |
| Insolvencia punible | 259 CP | Vaciamiento, ocultación o mala gestión grave con la sociedad insolvente, también por imprudencia |
| Administración desleal | 252 CP | Exceso en sus facultades que perjudica a la sociedad |
| Falsedad contable | 290 CP | Cuentas falseadas de forma idónea para perjudicar |
| Seguridad de los trabajadores | 316 y 318 CP | Responden los administradores, los encargados y quien, conociendo el peligro y pudiendo remediarlo, no actuó |
Delito fiscal. Comete delito quien defrauda a la Hacienda Pública eludiendo el pago de tributos o de retenciones, u obteniendo devoluciones o beneficios fiscales indebidos, cuando la cuota defraudada supera 120.000 euros en cada período impositivo o de declaración (artículo 305.1 y 2.a del Código Penal). Presentar las declaraciones no excluye el delito si la defraudación se acredita por otros hechos. La regularización completa (reconocer y pagar la deuda) evita la pena si se hace antes de que se notifique el inicio de una comprobación, o antes de la querella o la denuncia (artículo 305.4). Y si se paga y se reconocen los hechos en los dos meses siguientes a la citación judicial como investigado, la pena puede rebajarse en uno o dos grados (artículo 305.6).
Delito contra la Seguridad Social. El esquema es el mismo, con un umbral de 50.000 euros en cuatro años naturales (artículo 307.1 y 2), regularización en términos equivalentes (artículo 307.3) y la misma rebaja de pena (artículo 307.5). Presentar los documentos de cotización no excluye la defraudación si se acredita por otros hechos.
Insolvencia punible. Con la sociedad en insolvencia actual o inminente, es delito ocultar o destruir bienes, hacer disposiciones sin justificación económica, simular créditos, llevar doble contabilidad o formular cuentas que impidan conocer la situación real, entre otras conductas (artículo 259.1). También se castiga cuando se comete por imprudencia (artículo 259.3). Solo es perseguible cuando el deudor ha dejado de cumplir regularmente sus obligaciones o se ha declarado el concurso (artículo 259.4).
Administración desleal. Responde quien, teniendo facultades para administrar el patrimonio de la sociedad, se excede en su ejercicio y le causa un perjuicio (artículo 252). Aparece en operaciones con sociedades vinculadas, pagos personales con fondos de la empresa o préstamos sin justificación. Una decisión empresarial equivocada no es por sí sola un delito.
Falsedad contable. Los administradores, de hecho o de derecho, que falsean las cuentas anuales u otros documentos que deben reflejar la situación de la sociedad, de forma idónea para causar un perjuicio, cometen un delito societario (artículo 290). Una discrepancia contable no equivale a una falsedad penal.
Seguridad de los trabajadores. Es delito no facilitar, estando legalmente obligado y con infracción de las normas de prevención, los medios necesarios para trabajar con seguridad, poniendo en peligro grave la vida o la salud de los trabajadores (artículo 316). Cuando el hecho se atribuye a una sociedad, el círculo de responsables es muy amplio: no solo los administradores, sino también los encargados del servicio que hayan sido responsables de los hechos y cualquiera que, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no adoptó medidas (artículo 318). Según sus funciones, puede alcanzar a directores de obra, jefes de producción o técnicos de prevención, y también al administrador que conocía el riesgo y no actuó. Por eso hay que analizar las funciones reales de cada uno en la organización preventiva.
5. Qué debe hacer el administrador
- Conservar la documentación que demuestre quién gestionaba realmente la sociedad.
- No firmar documentos que no comprenda.
- Pedir acceso a la contabilidad y a las cuentas bancarias, y revisar las obligaciones fiscales, laborales y preventivas.
- Dejar constancia por escrito de cualquier instrucción irregular o de la negativa a darle información.
- Si ya hay una inspección, un requerimiento, una denuncia o una citación judicial, no dar explicaciones improvisadas y consultar a un abogado penalista antes de declarar.
La defensa debe reconstruir cronológicamente el cargo, las facultades reales, las decisiones adoptadas, la información disponible y la intervención de asesores, empleados u otros administradores. Si el administrador no controlaba realmente la sociedad, el objetivo es separar la apariencia registral de la gestión efectiva y demostrarlo con documentos y testigos.
Para saber cómo se desarrolla el procedimiento, consulte nuestra guía del proceso penal en España. Si ya le han citado, consulte Me han citado como investigado.
Glosario
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Administrador de derecho | Quien ha sido nombrado y figura en el Registro Mercantil |
| Administrador de hecho | Quien dirige realmente la sociedad sin nombramiento válido o sin figurar como tal |
| Administrador único | Una sola persona que ejerce todo el órgano de administración |
| Consejero delegado | Miembro del consejo en quien se delegan facultades de gestión |
| Persona jurídica | La sociedad, que puede responder penalmente por sí misma |
| Regularización | Reconocer y pagar la deuda tributaria o con la Seguridad Social antes de los hitos legales |
| Cuota defraudada | Importe eludido que determina si hay delito fiscal |
| Insolvencia punible | Delitos ligados a la situación de insolvencia de la sociedad |
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Preguntas frecuentes
¿Puede condenarse a un administrador que solo figuraba en el Registro?
Puede ser investigado, y a menudo lo es en primer lugar. Si se prestó conscientemente a figurar como testaferro, puede ser condenado como cooperador necesario. Pero la condena exige probar que conocía y aceptaba los hechos; si no fue así, la defensa debe acreditarlo con documentos y testigos.
Si acusan a la sociedad, ¿queda protegido el administrador?
No. La responsabilidad de la sociedad y la del administrador son distintas y pueden exigirse a la vez (artículo 31 bis del Código Penal).
¿Es delito no pagar un impuesto?
No basta con no pagar. El delito fiscal exige defraudar, eludiendo el pago, y que la cuota supere 120.000 euros por impuesto y período (artículo 305 del Código Penal). Por debajo de esa cifra o sin defraudación, la deuda se reclama por vía administrativa.
¿Se puede evitar la condena pagando la deuda?
Si se regulariza antes de que se notifique una comprobación, una querella o una denuncia, sí. Después, pagar y reconocer los hechos en los dos meses siguientes a la citación como investigado permite rebajar la pena (artículos 305.4 y 305.6 del Código Penal).
¿Responde el administrador de un accidente laboral?
Puede responder, igual que los encargados del servicio responsables y cualquiera que, conociendo el peligro y pudiendo remediarlo, no adoptó medidas (artículos 316 y 318 del Código Penal). No hace falta que se produzca el accidente: basta el peligro grave.
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