Responsabilidad penal de la filial española: compliance para grupos internacionales

1. Cuándo responde penalmente la filial

La filial responde por los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por quienes están autorizados para decidir en su nombre o tienen facultades de organización y control. También responde por los delitos de sus empleados cuando han sido posibles porque esas personas incumplieron gravemente sus deberes de supervisión, vigilancia y control (artículo 31 bis.1 del Código Penal). Solo puede responder por los delitos que el Código prevé expresamente para las empresas: el catálogo y las penas están en nuestra página de compliance penal.

Dos requisitos son decisivos para la defensa:

• El beneficio debe derivar del delito concreto. No basta con que la sociedad haya obtenido ventajas de operaciones coetáneas o relacionadas. El Tribunal Supremo absolvió a tres sociedades porque la defraudación tributaria que se juzgaba no les reportaba beneficio alguno: ese beneficio «debe ir anudado al concreto delito» (STS 298/2024, de 8 de abril).
• El defecto organizativo hay que probarlo. No se presume por el hecho de que un directivo o un empleado haya cometido un delito. La acusación debe acreditar un defecto estructural en los mecanismos de prevención de la propia sociedad (STS 372/2025, de 11 de abril).

2. ¿Responde la matriz por el delito de la filial?

No de forma automática. Cada sociedad del grupo es una persona jurídica distinta. Que la filial esté integrada en un grupo no traslada por sí sola la responsabilidad a la matriz, pero la separación societaria tampoco es, por sí misma, una defensa. Habrá que examinar la intervención concreta de la matriz: sus instrucciones, los poderes de sus directivos, los flujos de aprobación, el beneficio obtenido y los controles que ejercía realmente sobre la filial.

3. Qué exige en España un programa de compliance válido

Un código ético traducido, una política aprobada en la sede central o un certificado no bastan. El modelo debe haberse adoptado y ejecutado con eficacia antes del delito y cumplir seis requisitos (artículo 31 bis.5 del Código Penal): 1. Identificar las actividades en cuyo ámbito pueden cometerse los delitos que hay que prevenir. 2. Establecer protocolos sobre cómo se forma la voluntad de la sociedad, cómo se adoptan las decisiones y cómo se ejecutan. 3. Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir esos delitos. 4. Imponer la obligación de informar de riesgos e incumplimientos al órgano que vigila el modelo. 5. Establecer un sistema disciplinario que sancione los incumplimientos. 6. Verificarse periódicamente y modificarse cuando haya infracciones relevantes o cambien la organización, el control o la actividad.

Si el delito lo comete un directivo o administrador, la exención exige además que la supervisión del modelo esté confiada a un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control, que el autor haya eludido fraudulentamente el modelo y que ese órgano no haya omitido ni ejercido insuficientemente sus funciones (artículo 31 bis.2). Si el delito lo comete un empleado, basta un modelo adecuado, adoptado y ejecutado eficazmente antes del delito (artículo 31 bis.4). En ambos casos, si los requisitos solo se acreditan en parte, el programa atenúa la pena.

La dimensión de grupo. Tres puntos que suelen fallar:

• Un mapa de riesgos español. El programa global debe adaptarse a la actividad real de la filial y a los delitos del Código Penal español.
• Un órgano de la propia filial. La ley habla de «un órgano de la persona jurídica», es decir, de la filial. El compliance officer del grupo puede apoyarle, pero conviene que la filial cuente con su propio órgano o responsable, con poderes autónomos documentados. En las filiales pequeñas (las que pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada), esa función puede asumirla el órgano de administración (artículo 31 bis.3).
• El canal de denuncias. Es obligatorio para las empresas con cincuenta o más trabajadores (artículo 10 de la Ley 2/2023). En un grupo, la sociedad dominante aprueba una política general y asegura su aplicación en todas las sociedades, y el sistema interno de información puede ser único para todo el grupo (artículo 11 de la Ley 2/2023).

4. Qué hacer si la filial es investigada

Preservar la información. Correos, contratos, contabilidad, aprobaciones internas, informes de auditoría, comunicaciones con la matriz y pruebas de formación y controles. Sin alterar documentos ni iniciar comunicaciones que puedan perjudicar la investigación.

Representante y defensa propios. La filial comparece en el proceso a través de un representante especialmente designado, con abogado y procurador (artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Si llegara a conformarse, ese representante necesita poder especial (artículo 785.11). Sus intereses pueden no coincidir con los de los directivos investigados: el Tribunal Supremo ha subrayado que la persona jurídica debe contar con una defensa que no asuma «el mismo profesional que se encarga de preservar los intereses de la persona física» (STS 372/2025). Si es su caso, consulte Han denunciado o querellado a mi empresa.

Investigación interna. Reconstruir quién aprobó cada operación, qué información recibió cada órgano, qué controles había, si se usaron y cuándo se conocieron los hechos. La investigación interna ayuda a delimitar responsabilidades y a corregir, pero no convierte un programa inexistente en un modelo anterior al delito.

Atenuantes. Después del delito solo atenúan la responsabilidad de la empresa cuatro conductas: confesar antes de saber que el procedimiento se dirige contra ella; aportar pruebas nuevas y decisivas; reparar o disminuir el daño antes del juicio oral; e implantar, antes del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir futuros delitos (artículo 31 quater). Decidir si se adoptan exige ponderar los intereses de la filial, de la matriz y de las personas investigadas.

Para entender las fases del procedimiento, consulte nuestra guía del proceso penal en España. Sobre la posición de los administradores, consulte la guía de responsabilidad penal del administrador.

5. Lista de comprobación para el general counsel

• ¿Tiene la filial un mapa de riesgos penales propio, basado en el Código Penal español?
• ¿Hay un órgano de cumplimiento de la filial con poderes autónomos y actas de su actividad?
• ¿Existen controles financieros y de aprobación documentados en España?
• ¿Funciona el canal de denuncias y se tramitan las comunicaciones?
• ¿Se forma a las personas clave y se conserva prueba de ello?
• ¿Se revisa el modelo tras cada incidencia o cambio relevante?
• ¿Está previsto quién representará a la filial y quién la defenderá si es investigada?

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